Por Fabiola Ortiz

SAN JOSÉ, Costa Rica (IDN) – Ya han pasado veintidós años desde que Costa Rica se embarcó en su programa nacional de pago por servicios ambientales (PSA), como primera nación en el mundo en iniciar un plan nacional para compensar a los propietarios por conservar los bosques para las personas y el planeta.

Ahora que el mundo lucha por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento en la temperatura global para finales del siglo, esta nación Centroamericana de 5 millones de personas ha servido como ejemplo de políticas públicas que abordan la aplicación de impuestos a combustibles fósiles para favorecer la protección de la naturaleza. El país se compromete a alcanzar la neutralidad en carbono para el 2021.

“Esperábamos que los países desarrollados proporcionarían ayuda financiera a los países en desarrollo para proteger los recursos naturales. Sin embargo, no se ha ofrecido respaldo alguno”, comentó el director general del Fondo nacional de finanza forestal de Costa Rica (FONAFIFO) a IDN:

Es difícil acceder a fondos internacionales como el Fondo Verde para el Clima, se quejó Rodríguez. “Costa Rica está entre los cinco primeros países con una estrategia de reducción de emisiones de carbono a nivel nacional, y aún no ha habido un solo país dispuesto a asociarse con nosotros y ayudar con fondos”, criticó a Rodríguez, durante el primer Congreso latinoamericano sobre sostenibilidad, ecología y evolución (SEE), celebrado del 26 al 29 de septiembre de 2018 en San José. Un panel especial discutió la experiencia de Costa Rica en el pago de servicios ecológicos.

Como anfitriona del 5 por ciento de la biodiversidad del mundo, Costa Rica tiene más de la mitad de su territorio cubierto con bosques, y es líder con 350 días al año impulsados por fuentes renovables.

Su pasado no era tan brillante y sostenible. En la década de los 1980, el país estaba al borde de una crisis ambiental, alcanzando altas tasas de deforestación, alrededor de 70.000 hectáreas al año, o el equivalente a 1,7 por ciento del territorio nacional.

La cobertura forestal del país en la actualidad representa el 52,4% de su territorio. En 1987, era sólo del 21 por ciento. Luego de la Cumbre de río en 1992, Costa Rica inició una pionera iniciativa creando en 1996 el PSA dentro de la nueva Ley forestal, la cual criminalizó el cambio de uso de la tierra: si una propiedad estaba cubierta por bosque, ahora sería ilegal talar para utilizar la tierra para la ganadería o agricultura monocultivo.

El PSA fue una manera de recompensar a los propietarios pequeños y medianos por los servicios que sus bosques proporcionaban al ecosistema, tales como captura de carbono, conservación de la biodiversidad y protección de los manantiales.

La falta de fondos internacionales endureció la vuelta en U de Costa Rica, cuando el país promulgó el impuesto al consumo de combustibles fósiles. Fue la primera vez en el mundo que un país creó un arancel especial sobre el uso de la gasolina para financiar la recuperación forestal.

Después de dos décadas, el impuesto a la gasolina generó una cantidad de US$ 500 millones, los cuales habían sido transferidos para proteger 1.250.000 hectáreas, casi la cuarta parte del territorio de Costa Rica.

Cada año el FONAFIFO recibe peticiones relacionadas con alrededor de 180.000 hectáreas para beneficiarse del PES. Hasta ahora, el fondo ha logrado comprometerse a proteger sólo 50.000 hectáreas al año debido a las limitaciones presupuestarias.

“El programa PSA se ha fortalecido cada año. El cambio en la mentalidad refleja la visión del país, es un cambio en el paradigma”, destacó Rodríguez.

Un tercio de las propiedades que se benefician del PSA son empresas, cooperativas y asociaciones; otro tercio comprende territorios indígenas, por un total de 340.000 hectáreas.

El régimen de pago puede contribuir significativamente a que Costa Rica cumpla su meta de neutralidad en carbono en tres años, sugirieron expertos en el congreso sobre el medio ambiente. El crecimiento de la cobertura forestal juega un papel fundamental para la reducción de las emisiones.

El país emite 21,6 millones de toneladas de CO2, y desea reducir el 19 por ciento y compensar el resto de sus emisiones.

René Castro-Salazar, el subdirector general del Departamento de clima, biodiversidad, tierra y agua de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (OAA) y anterior ministro costarricense para el medio ambiente, dijo a IDN que el PSA puede ayudar a otros países en desarrollo a aplicar el acuerdo de París.

“En el momento cuando lanzamos el programa, era muy difícil de medir el secuestro de carbono. Tuvimos que utilizar aviones. Hoy en día es posible calcularlo con satélites y nuevas tecnologías. La primera vez, nos llevó más de un año y medio, y ahora el análisis puede hacerse en apenas una semana”, explicó Castro-Salazar, quien fue responsable de implementar los sistemas de pago por servicios ambientales en Costa Rica, y quien estuvo a cargo de la primera transacción de carbono en el mundo.

“Países como México ahora están desarrollando un PSA propio que ha evolucionado a partir de la experiencia costarricense. Es más sofisticado e incluye categorías tales como propiedades comunales de los campesinos o tribus indígenas”, dijo.

Según la opinión de Castro-Salazar, el PSA no se trata de un subsidio, sino de recompensar a quienes se encargan de la biodiversidad y obstaculizan la tala ilegal y la deforestación.

“Costa Rica ha cambiado profundamente en la última década”, dijo Carlos Manuel Rodríguez, Ministro Costarricense de ambiente y energía, expresando una opinión similar en su discurso inaugural en el Congreso.

“Sin embargo, todavía tenemos una huella ambiental negativa per cápita que cuesta alrededor del cinco por ciento de nuestro PIB (producto interno bruto). Sólo podemos cambiar eso a través de un nuevo modelo de consumo y producción”, sostuvo. [IDN-InDepthNews-03 de octubre de 2018]